El CEO de Flock Safety pide un “compromiso” ante el abuso de las cámaras policiales

Vigilancia de exparejas a través del sistema de cámaras policial

Flock Safety, la empresa que suministra a la policía cámaras de vigilancia, drones y sistemas de reconocimiento automático de matrículas, se enfrenta a una creciente oposición. El Washington Post ha identificado recientemente 46 casos en los que supuestamente agentes de policía utilizaron la tecnología de Flock con fines no autorizados, incluyendo el acoso a sus mujeres, novias o exparejas.

El director ejecutivo Garrett Langley se disculpó durante una entrevista en CBS News, pero insistió en que Flock no creó el abuso policial, sino que simplemente expuso estas prácticas al integrar herramientas de auditoría. En otra intervención en Fox News, apeló a la búsqueda de un “compromiso” nacional entre la seguridad ciudadana y la privacidad.

La presión aumenta en todo el espectro político

El rechazo a esta tecnología está uniendo a políticos de ambos bandos, al igual que ha sucedido con el debate energético sobre los centros de datos. Los demócratas alertan del riesgo de una vigilancia masiva de los ciudadanos sin su conocimiento.

Por su parte, congresistas republicanos han presentado un proyecto de ley que prohibiría al gobierno federal adquirir sistemas de vigilancia automatizados basados en reconocimiento facial, datos biométricos o lectura de matrículas. La propuesta menciona de forma explícita a las cámaras de Flock Safety.

Las concesiones hasta la fecha son principalmente estéticas

En respuesta a las críticas, la empresa ha reducido el periodo predeterminado de retención de datos de 30 a siete días y ahora exige la introducción de un código de caso antes de conceder el acceso. Sin embargo, en la práctica es fácil eludir ambas restricciones.

Los agentes pueden guardar los datos por periodos prolongados si activan una configuración denominada “Modo Evidencia”. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) advierte que el impacto real de estos cambios dependerá en última instancia de si este modo de recopilación de pruebas se aplica de manera flexible, lo que cuestionaría si se trata de un cambio real o de una simple estrategia de relaciones públicas.

La responsabilidad recae en los reguladores estatales

Frenar el abuso de la tecnología dependerá de si los estados atienden la petición de Langley de tipificar como delito el uso ilegal de estos datos o si, por el contrario, los legisladores federales prohíben totalmente la compra de estos dispositivos. Langley tendrá que responder a más preguntas sobre este tema durante la conferencia TechCrunch Disrupt que se celebrará en octubre.

El veredicto de Lilith

El despliegue masivo de sistemas de vigilancia choca con la realidad. El mayor fallo de seguridad no es la falta de compromiso, sino la ingenua suposición de que un simple registro de auditoría detendrá a la persona al mando antes de abusar de su poder.